A partir de setiembre del 2019, las personas jurídicas inscritas deberán cumplir con la obligación de presentar la declaración del registro de transparencia y beneficiarios finales. Esto significa que los representantes legales o un apoderado deberán completar el formulario previsto y firmar la declaración mediante el uso de la firma electrónica.
Para esto, se ha dispuesto un calendario mediante el cual las sociedades deberán cumplir con dicha obligación, siendo el último dígito de su cédula jurídica lo que establezca en cual mes deben de presentar dicho registro. A continuación, se detalla el calendario establecido para cumplir con esta obligación:
El incumplimiento de esta obligación podría generar una sanción del 2% de los ingresos brutos del contribuyente en el período fiscal anterior, con un mínimo de 3 salarios base (₡1,338,600) y un máximo de 100 (₡44,620,000). Adicionalmente, el registro no emitirá personerías jurídicas y los notarios deberán hacer constar en los documentos que emitan que la sociedad incumplió con dicha obligación.
Para fines de aplicar las sanciones, la Dirección General de Tributación dará plazo a los contribuyentes hasta el 31 de enero de 2020 para cumplir con la obligación, a pesar de las fechas establecidas anteriormente.
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